De hecho, hoy día existe un amplio espectro de posiciones que las contrapartes de MISEREOR adoptan en su relación con el Estado.

Es así que tanto se observa una gran disposición a cooperar con instituciones gubernamentales y participar en procesos de diálogo y concertación, como también situaciones y constelaciones muy conflictivas. Por una parte, la cooperación con autoridades e instancias estatales ofrece a las ONGs la posibilidad de incidir activamente en las políticas del Estado, promover y lograr una mayor participación de la sociedad civil en la implementación de programas gubernamentales y movilizar recursos económicos. Por la otra, con tal cooperación las ONGs corren el peligro de convertirse en “extensiones” de los gobiernos y en caso extremo terminar apoyando a gobiernos corruptos. Por ejemplo se corre el riesgo de que tales relaciones de cooperación entre actores de la sociedad civil y el Estado no se reflexionen y evalúen críticamente.

A su vez, la creación de estructuras participativas paralelas a las instituciones democráticas, que compiten (incluso legalmente) con estas últimas y las debilitan, tampoco es un camino sin dificultades. Por ello la participación de la sociedad civil debe realizarse en un diálogo permanente y crítico con el sistema parlamentario representativo. No obstante, el aprovechamiento consecuente de los espacios legales de participación (por ejemplo en instancias de planificación, control y decisión participativas) puede aumentar la eficacia del propio trabajo de desarrollo. Así y todo, una participación independiente y de igual a igual en procesos de negociación y de decisión a nivel comunitario, presupone organizaciones de base y actores de la sociedad civil que tengan un cierto nivel de consolidación. De no ser así las organizaciones y movimientos sociales se ven expuestos a intentos de manipulación y cooptación que podrían contribuir a su desmovilización y debilitamiento.

Por tal razón la presión de la sociedad civil y el trabajo de lobby por parte de las ONGs son frecuentemente necesarios para ampliar los espacios de participación ciudadana, influenciar la configuración de procedimientos participativos y difundir y legitimar nuevas formas de participación. No obstante, el protagonismo de las ONGs frente a los grupos de población pobres sigue siendo muy alto y con frecuencia no se logra integrar efectivamente los grupos y organizaciones de base en el diálogo y en las actividades de lobby o fortalecer sus propias actividades de cabildeo.

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